lunes, 13 de mayo de 2013

Sacerdote acusa Fiscal del Distrito Nacional de activista



 Santo Domingo, R.D.-El padre Manuel Ruiz acusó a la fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, de haberse convertido “en una activista más de Profamilia y de la equidad de género” y de haberse olvidado de su papel como fiscal.
Así lo manifestó al salir de la Quinta Sala Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, donde se conocería el recurso de amparo que interpuso la Conferencia del Episcopado de la Iglesia Católica contra Profamilia por su campaña en defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
La audiencia fue aplazada para el lunes 20 debido a que las pruebas presentadas por la Iglesia no fueron notificadas adecuadamente a la parte acusada ni al Tribunal, informó el abogado de Profamilia Nassef Perdomo. “Además Profamilia tiene pruebas que quiere notificar”, agregó.
“Es una pena que una mujer inteligente haya errado en una cosa como esa”, insistió Ruiz, “el fiscal siempre tiene que estar del lado de la víctima”. Llamó a la magistrada, además, a prescindir del uso del Twitter para “manifestarse”, pues considera que “los miembros de la Justicia no es el Twitter que tienen que usar para manifestarse si no los medios legales a través de sentencias”.
Magaly Caram, directora de Profamilia, explicó que más de 21 acuerdos y tratados internacionales ratificados por el Estado dominicano protegen el derecho al acceso a información, educación y los medios para ejercer sus derechos sexuales y reproductivos. Así como, a nivel nacional, lo consignan la Estrategia Nacional de Desarrollo, el Plan Nacional de Equidad de Género, el Plan Nacional de Jóvenes, la Ley de Juventud, entre otros.
Para Caram, es imperativa la separación real entre Iglesia y Estado para el desarrollo social, “que las iglesias se ocupen en el ámbito de lo privado de las cuestiones de fe y que el Estado vele por el cumplimiento de las leyes”.
Profamilia es una institución que tiene 47 años trabajando con la investigación y promoción de los  derechos a la salud sexual y reproductiva, así como la lucha contra la violencia hacia la mujer, comunicó Fausto Rosario, presidente de la Junta Directiva de Profamilia.
“Realizamos estudios sociodemográficas y de salud con el propósito de advertir a la sociedad dominicana sobre los temas relacionados con embarazos en adolescentes, mortalidad materna, infecciones de transmisión sexual, VIH y sida, así como sobre el acoso y abuso sexual, la violencia contra la mujer y por eso trabajamos por una educación en salud sexual y reproductiva”, expuso.
Aseguró seguirán promoviendo estos derechos, a pesar de los esfuerzos en su contra: “los grupos de la Iglesia católica que están intentando impedir este esfuerzo, lamentablemente están equivocados en su propósito y sabemos que legalmente no tienen ninguna posibilidad de tener éxito en impedir que sigamos promoviendo la salud sexual y la salud reproductiva”.
 Argumentó que no promueven la promiscuidad ni el inicio de la relación sexual temprana, sino que trabajan en evitarlo.
Contradicción en la Iglesia
Perdomo, abogado de la ONG, narró que en Costa Rica, hace dos años, la Iglesia Católica inició una campaña pública en contra de la fertilización in vitro en la que usaban la voz de una menor  de 6 años de nombre Sophie. La niña explicaba que, a pesar de que ella había nacido, siete de sus hermanitos habían muerto, es decir, "prácticamente llamando asesinos a sus padres".
El Estado costarricense prohibió la campaña y la Iglesia católica de Costa Rica recurrió en amparo para que le permitieran llevarla a cabo, "todo lo contrario a lo que están haciendo en República Dominicana".
La historia concluyó en que la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Costa Rica "protegió correctamente el derecho de la Iglesia Católica de llevar a cabo su campaña".
En esta ocasión la Iglesia busca "usar la acción de aparo, no para proteger derechos, sino para crear censura, y sobretodo censura en cuanto a la información que según la ley y los tratados internacionales de los cuales República Dominicana es signatario son derechos que asisten a los menores de edad", señaló el jurista.

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