martes, 26 de febrero de 2013

Postura directores de medios y la Ley 6132


LEY 6132

Wanda Méndez
Santo Domingo
Tres directores de medios de comunicación y la Fundación Prensa y Derecho, pidieron ayer al Tribunal Constitucional anular varios artículos de la Ley 6132 de Expresión y Difusión del Pensamiento y del Código Penal,  que establecen penas de prisión para los delitos de prensa y atribuyen responsabilidad a directores de medios por hechos de un tercero.  

Mediante una acción directa de inconstitucionalidad presentada ayer,  los ejecutivos de medios solicitaron al TC declarar nulos los artículos 30, 31, 32, 33, 34, 39 y 40 de la Ley 6132, y los artículos del 368 al 372 del Código Penal Dominicano, que disponen pena de prisión correccional para los delitos de difamación e injuria, por ser violatorios a la Carta Magna y a la Convención Americana de los Derechos Humanos.  

La acción de inconstitucionalidad fue presentada por el director del LISTÍN DIARIO, Miguel Franjul; el director de El Caribe, Osvaldo Santana, el director de El Día, Rafael Molina Morillo, y el abogado Namphi Rodríguez, de la Fundación Prensa y Derecho.

La instancia fue entregada por Franjul, Santana y Rodríguez  al  secretario del Tribunal Constitucional, Julio José Báez, quien la recibió en la recepción de la Corte, debido a las precariedades físicas con que opera ese órgano, de la cual no escapa la Secretaría General.

En la acción de inconstitucionalidad, establecen que el sistema de responsabilidad penal por el hecho de otro que contemplan los artículos 46, 47 y 48 de la ley 6132 quebranta el principio de supremacía constitucional enunciado en el artículo 6 de la Carta Magna y la Convención Americana de los Derechos Humanos.  

Señalan, además, que la existencia de penas privativas de libertad para quienes puedan incurrir en los supuestos de difamación e injuria constituye una “mordaza”, un “amedrantamiento” y una “espada de Damocles”.

“Esta es una situación que crea un clima de opacidad en la vida pública y de falta de transparencia de los actores del sistema político, lo cual se traduce en un ambiente propicio para la corrupción administrativa y la violación grosera de los derechos fundamentales”, plantean en la instancia.

Motivaciones
El director de LISTÍN DIARIO sostuvo que la instancia depositada ayer refuerza el movimiento que se ha generado en la sociedad para evitar que el Congreso apruebe una modificación del Código Penal con un aumento de las penas a los delitos de prensa.  Expuso que la instancia de inconstitucionalidad procura  evitar que las modificaciones al Código Penal que se están discutiendo en la Cámara de Diputados pasen a segunda lectura con esas  “aberraciones”.

“En un momento en que toda América Latina está procediendo a un desmonte y a una despenalización de los llamados delitos de prensa, aquí en la República Dominicana queremos caer en el retroceso inexplicable de aumentar esas penalidades tanto de prisión como de multas, en perjuicio de los medios de comunicación y de los ciudadanos en sentido general”, apuntó.

Consideró que atribuir responsabilidad al director del medio por declaraciones de un tercero colinde con la Constitución, que establece “que nadie es responsable por el hecho de otro”. 

POSICIÓN DE DIRECTORES MEDIOS COMUNICACIÓN
El director de El Caribe, Osvaldo Santana, precisó que lo que está vigente en la ley 6132 es un régimen de censura previa, a lo cual se oponen los ejecutivos de los medios. Expresó que cuando una persona pública emite una consideración en un medio está ejerciendo su derecho de expresarse libremente. 

“Lo que estamos tratando es precisamente que ese régimen de censura previa sea eliminado y al fin de cuenta, tampoco es justo que los periodistas tengan que pagar por la responsabilidad de un tercero”, indicó. 

El abogado Rodríguez, quien representa legalmente a los ejecutivos de los medios de comunicación, señaló que las disposiciones legales impugnadas crean un efecto inhibitorio en la opinión pública, puesto que infunden temor a los ciudadanos de perder su libertad si hacen denuncias de corrupción. Tanto Franjul como Santana han tenido que ir a los tribunales en varias ocasiones para responder por declaraciones emitidas por un tercero y que han sido publicadas en sus medios. 

Rodríguez explicó que la ley 6132 contiene una serie de clausuras que son gravosas al ejercicio de la libertad de expresión en el país, específicamente todo el tema de la privación de libertad por los delitos de palabra.

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